Unión por la Patria expresó su «total apoyo» al paro convocado por la CGT el 24 de enero Los partidos políticos que integran Unión por la Patria expresaron este domingo el «total apoyo» al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales y sociales que se realizará el próximo 24 de enero en rechazo al «avance antidemocrático» que significan el mega DNU y el proyecto de Ley Ómnibus.
A través de un comunicado conjunto, las fuerzas políticas del peronismo y del progresismo agrupadas en la principal coalición opositora reafirman el lema «la Patria no se vende» y le reclaman al Congreso nacional que rechace estas dos iniciativas que, según advierten, apuntan a que el presidente Javier Milei pueda «arrogarse facultades legislativas extraordinarias», es decir, «la suma del poder público» durante todo su mandato.
«Junto a los trabajadores y trabajadoras argentinas, acompañando a todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el Pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra Patria, reafirmamos que LA PATRIA NO SE VENDE y exigimos al Congreso el rechazo de estas iniciativas, tal como promueven nuestros representantes en ambas cámaras», expresaron.
A su criterio, está en marcha «un intento explícito de avanzar sobre nuestro Pueblo y sus derechos, en claro beneficio de grandes grupos económicos, especuladores financieros nacionales y trasnacionales y potencias extranjeras, que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y nuestros recursos».
«Tal proyecto de devastación popular y aniquilación de nuestra soberanía tiene al presidente Milei, su Gobierno y sus aliados como brazos ejecutantes y servidores y al endeudamiento perpetuo como su vehículo», alertaron.
En esta línea, señalaron que «el DNU y la Ley Ómnibus que hoy se debaten en la Argentina, suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso de la Nación, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social».
En este sentido, subrayaron que el Gobierno de La Libertad Alianza y sus aliados buscan «la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes de la Argentina».
También apuntan a «la afectación de las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del Pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados (entre otros, el movimiento feminista), cuyas luchas han dado como resultado avances históricos en la consagración de derechos humanos que hoy se encuentran en riesgo».
En la lista de potenciales consecuencias del modelo del liberalismo incluyen «la desaparición de la matriz industrial y productiva en cada región de nuestra Patria, genuina generadora de trabajo y representada por el entramado PYME nacional; todo ello en beneficio de enormes negocios de algunos pocos grupos económicos concentrados y de la especulación financiera trasnacional, que constituyen la verdadera casta que afecta al país».
«La desintegración del territorio nacional a través de la entrega concreta de cientos de miles de hectáreas productivas y estratégicas a los fondos buitres y el saqueo de los recursos naturales, mineros y pesqueros por parte de intereses que en nada benefician a los argentinos», agregaron.
Sumaron a la enumeración «la renuncia al desarrollo tecnológico soberano», como también «la venta y desguace de las principales empresas estratégicas para el desarrollo nacional», y «el desfinanciamiento de la educación pública, su declaración de servicio esencial para restringir el derecho de huelga y cercenar la Constitución y los recortes sobre el sistema universitario».
En tanto, alertaron sobre la pretendida «destrucción del sistema de Salud, a partir del ajuste en la inversión estatal, el encarecimiento de insumos, equipamiento y medicamentos, la aniquilación de las obras sociales sindicales y la desregulación del precio de la medicina privada».
Y por último, se refirieron a «la licuación de los ingresos de trabajadores y los haberes jubilatorios y el desmantelamiento de un sistema de seguridad social solidario y financieramente sostenible, a partir de la transferencia de ingresos del FGS a los actores del sistema financiero especulador».
«En definitiva, los partidos políticos abajo firmantes sumamos a esta convocatoria multisectorial, nuestros esfuerzos, nuestra militancia y nuestra legitimidad de años de vida y luchas democráticas, en la defensa de una Nación justa, soberana y libre, independiente de toda potencia extranjera, cuyas decisiones puedan ser tomadas en el marco de la institucionalidad democrática y popular, y en rechazo de entregar el destino de la Patria y del Pueblo a manos de gestores y voceros de fondos trasnacionales que, de aprobarse el paquete legal propuesto por Milei, Macri, Bullrich, Caputo y Sturzenegger, serán los nuevos dueños de la Argentina para siempre», concluyeron.
La declaración fue firmada por el Partido Justicialista, Frente Renovador, Frente Patria Grande, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Frente Grande, Partido de la Concertación FORJA, Kolina, Partido de la Victoria, Compromiso Federal, Partido Comunista, Partido Comunista (Congreso Extraordinario), Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Conservador Popular, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido del Trabajo y la Equidad, Partido Federal y Partido Intransigente.
