Mediante una resolución, el Gobierno nacional suspendió las actividades de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). La dependencia otorgaba subsidios a personas vulnerables para la compra de medicamentos oncológicos y de patologías agudas.
Fesprosa había anticipado los efectos en la salud pública del DNU y la Ley Ómnibus.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) fue una de las organizaciones participantes de la Comisión de Legislación General que discutió la Ley Ómnibus.
Durante su exposición, Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, se preguntó qué pasaría con la salud pública con un presupuesto congelado y los programas de atención a pacientes parados. “Los primeros resultados están a la vista”, dijo Yabkowski.
En la intervención durante el plenario de la comisión, el dirigente gremial cuestionó, delante de todos los diputados que estaban discutiendo la Ley Ómnibus, qué iba a pasar con la salud pública y los programas de atención a los pacientes con HIV y cáncer, las campañas de vacunación y los programas de salud reproductiva.
A dos semanas de esa pregunta pública, que no tuvo respuesta, y luego de un pedido de audiencia para discutir estos temas que fue denegado por el ministro de Salud, Mario Russo, acaba de cerrar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) por una «readecuación de sistemas».
La dependencia estaba encargada de proveer medicación a pacientes sin cobertura que padezcan cáncer, enfermedades crónicas incapacitantes y patologías agudas urgentes.
“Es decir, el presupuesto cero alcanzó a la salud pública, como a los salarios de los estatales, a la comida de los comedores y a las transferencias a las provincias.
Luego de la caída del tratamiento de la Ley Ómnibus, nos prometen más de eso. ¿Cuál será la próxima víctima? ¿La vacunación obligatoria? ¿El tratamiento para el HIV? ¿Los programas de salud reproductiva?
¿El tratamiento para las enfermedades especiales, como la lepra y la tuberculosis?”, graficó Yabkowski.
Y concluyó diciendo que “es difícil encontrar calificativos para semejante brutalidad antipopular y antisanitaria.
La ley del mercado dice que quienes tengan dinero van a poder adquirir sus medicamentos (que ahora están por las nubes, gracias a la liberación de precios). Y los que no, serán descartados. Esa no es la Argentina que soñaron nuestros abuelos inmigrantes y por la que lucharon varias generaciones de trabajadoras y trabajadores. Es urgente frenar esta escalada contra la salud del pueblo argentino”.
