Una acreencia de 600 mil millones de pesos por la que la Casa Gris evalúa judicializar el reclamo. Mientras tanto, en Legislatura apuran un proyecto para crear una comisión con la misión de revisar el régimen jubilatorio de Santa Fe, para mitigar su déficit estructural, que en febrero sumó $23.000 millones. Eso quedó bien claro ayer con la primera aparición del gobernador en la semana.
Pullaro eligió abrir él en persona las jornadas de la IV Semana de la Seguridad Social, un foro de conferencias y debate sobre asuntos previsionales que se desarrolla en el auditorio del Banco Municipal de Rosario. Estas discusiones enfocan la crisis del sistema previsional, su sustentabilidad a futuro y el rol del gobierno.
El contexto, se sabe, es el recorte salvaje que encaró el gobierno central desde el día 1, la poda de partidas que acrecientan la deuda acumulada con la provincia y una gestión local que también encarna el ajuste como política, como lo ha demostrado en su perfil negociador en paritarias y con los tarifazos habilitados a la Empresa Provincial de la Energía y a Aguas Santafesinas SA.
El jefe de la Casa Gris instó a "tener un profundo debate sobre lo que ha sucedido con la Caja de Jubilaciones de la provincia y eso no significa necesariamente que se le va a quitar el derecho a ninguna persona", se atajó.
Pero insistió en revisar la posición del sistema y sumar argumentos para enfrentar a Nación por este asunto, como lo hicieron sus predecesores a su turno, desde Hermes Binner en adelante. "Eso va a fortalecer una posición política para ir a reclamarle con mucha fuerza al gobierno nacional que le pague lo que le debe a la provincia de Santa Fe”.
El Ejecutivo ingresó a Legislatura un proyecto de ley para conformar una comisión que analice el sistema previsional provincial, con legisladores, gremios, jubilados y estudiosos en la materia. Se considera el primer paso de una estrategia con la que Pullaro encara el histórico déficit del sistema ante el crónico incumplimiento de Nación, por fondos que debería transferir a las provincias que en su momento –década del '90– conservaron sus cajas jubilatorias en lugar de endosárselas a la administración federal.
El gobernador lamentó que "durante muchos años a Santa Fe y a otras provincias, el gobierno nacional las ha jodido y nosotros hemos sido alumnos buenos y hemos acompañado y reclamado institucionalmente como corresponde. Pero también queremos poner arriba de la mesa un problema que es importante y queremos discutirlo y debatirlo. Eso a nosotros nos va a dar la riqueza para que cuando tomemos la decisión de hacer lo que hay que hacer, será en función de lo que es correcto", advirtió al insinuar su intención de introducir reformas en el régimen que al otro lado del mostrador miran con recelo, como podría ser la prolongación del límite de edad para jubilarse, o la cantidad de años requeridos de aportes realizados.
Pullaro se rodeó de su vice, Gisela Scaglia; su ministro de Trabajo, Roald Báscolo; el 1 y 2 de Seguridad Social, Jorge Boasso y Lucas Incicco, y la presidenta de Diputados, Clara García en la apertura de esas jornadas. En paralelo, sostiene la puja política con la gestión Milei por este retaceo de recursos, y el apoyo requerido a provincias a la Ley Bases y el llamado al Pacto de Mayo. ya dio muestras en esa dirección, con ganas de litigarle a la gestión Milei el retaceo de esos recursos.
Boasso, como secretario de Seguridad Social, lo presentó el mes pasado cuando calificó como "otra trastada del Presidente" al decreto de necesidad y urgencia con el que Milei eliminó el pago de anticipos a las cajas de jubilaciones provinciales, previsto en la Ley de Presupuesto 2023, actualmente reconducida por falta de presupuesto actual.
El funcionario radical definió eso como "una apropiación indebida de fondos" por parte de Nación sobre "los aportes de los trabajadores durante su vida laboral".
Esas críticas volvieron ayer a la palestra en el auditorio rosarino.
La vicegobernadora Scaglia también exhortó al "gran desafío de hacer frente a un estado nacional que sucesivamente no cumple con Santa Fe en lo que a nuestra provincia le deben. Por eso, desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados vamos a trabajar en una comisión para lograr una propuesta escuchando absolutamente a todas las partes. Nuestro desafío es corregir o mejorar lo que en la Caja está mal", dijo.
La gestión Perotti abrió un reclamo administrativo en noviembre pasado por lo que en ese momento sumaban 400.000 millones de pesos. Ese valor actualizado, según el ministro Báscolo estimó ayer, supera hoy los $600.000 millones. Esa es la cifra de lo que Nación no giró a Santa Fe en los últimos cuatro años.
Solo en febrero el déficit fue de $23.000 millones que el Tesoro provincial debió afrontar para cumplir con el pago de haberes y sin la debida asistencia del gobierno nacional. Ese desfasaje es el que en el equipo de Pullaro todos señalan como un alerta.
