“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.
De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.
