El gobierno de Brasil -que presidirá este año el G20- trabaja para conseguir que las mayores economías del mundo se pongan de acuerdo para que los más ricos paguen más impuestos.
En ese camino, la iniciativa ya consiguió el apoyo de Francia, Alemania, España, Sudáfrica Y diferentes países de la región de América Latina y el Caribe junto a organizaciones de la sociedad civil.
«La agenda impulsada en esos ámbitos es una demanda histórica del movimiento por la justicia fiscal», señalaron en un comunicado del Consejo Consultivo de la sociedad civil de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC).
La Plataforma fue creada por el impulso de Brasil, Chile y Colombia y, a su vez, acompañada por otros quince países de la región, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
En tanto, su Consejo Consultivo está compuesto por diez organizaciones y redes, regionales e internacionales: la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Foro Pan-Amazónico (Fospa), Red Género y Comercio, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Iniciativa Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, Tax Justice Network (TJN), Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT), Oxfam y Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR).
Llevan consigo el mandato de alinear posiciones para avanzar hacia una tributación global justa «que permita a los gobiernos de América Latina y el Caribe obtener los recursos necesarios para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático».
