A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó que la clausura de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias".
La cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona informó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones" y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año".
En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que "en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes".
"Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función", concluye el texto.
