El informe enviado al fiscal Carlos Stornelli señala que los gastos superaron los $130.706.892, e incluye el despliegue de tres fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura.
«Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones», agrega el texto, que justifica la envergadura del operativo «debido a los desmanes de los grupos sediciosos».
En ese sentido, también se computaron los daños a los vehículos equipamientos (valuados en unos $13.613.500) y el operativo policial del martes por la noche, que se realizó durante el acampe en el Congreso por parte de organizaciones.
La intención del Ministerio de Seguridad es que los 33 detenidos afronten esa suma, lo que implicaría una suma de más de $3.960.000 cada uno.
Los informes del Ministerio de Seguridad están rubricados por Carlos Alberto Manfroni, jefe de Gabinete ministerial y uno de los principales impulsores de las reformas en el Código Penal que impone el Gobierno.
El funcionario también fue el encargado de rechazar el pedido de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI): «No vamos a exponer los datos personales de los miembros de nuestras fuerzas por caprichos políticos de un organismo militante».
En ese sentido, dentro del detalle de los $130.706.892 de los gastos del operativo de seguridad del 12 de junio, se incluyen «total general de la valorización del personal, flota utilizada, material dañado y parque consumido».
Esto implica:
800 efectivos de distintos rangos, con respectivos gastos de refrigerio.
97 móviles de distintas características y el combustible que utilizaron para desplazarse.
1075 municiones.
Gastos de daños varios, entre ellos la rotura de un megáfono, la vandalización de dos escudos de plástico y el arreglo de las cubiertas dañadas de los móviles.
