La Federación de Entidades Acopiadoras de la Argentina envió cartas documento a los municipios santafesinos de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y San Martín, exigiendo el cese del cobro de tasas que consideran peajes disfrazados.
Estas tasas se aplican a la circulación, arribo y descarga de camiones en fábricas y puertos de dichas localidades.
Según la Federación, estos nueve municipios recaudan anualmente alrededor de $25.000 millones para sus rentas generales a través de estas tasas, situación que califican de «irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria» contra la producción granaria argentina.
La Federación, que representa a todas las empresas del sector en el país, argumenta que estas tasas actúan como barreras internas y violan derechos constitucionales y las competencias tributarias, alterando contratos privados y prácticas comerciales establecidas en el comercio de granos.
Debido a esto, la Federación continuará oponiéndose a cualquier imposición de costos distorsivos que afecten la competitividad de las exportaciones agroindustriales.
La Federación de Acopiadores argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.
El mes pasado, durante la cumbre anual sobre la campaña de trigo, Fernando Rivara, presidente de la Federación, criticó duramente estas tasas municipales. La semana pasada, el directivo trató nuevamente el tema en la Bolsa de Comercio de Rosario durante una reunión con autoridades del mercado cerealista local.
Estas acciones de la Federación coinciden con el intento del gobierno provincial de que los municipios aporten una parte significativa de esta recaudación a un fideicomiso destinado a la mejora de los accesos viales, actualmente en mal estado. Sin embargo, las localidades portuarias se oponen, argumentando que esos fondos también cubren gastos en salud y seguridad, competencias de la provincia.
