Tras la fuerte represión policial y los incidentes en las afueras del Congreso durante el debate de la ley Bases en el Senado, el fiscal Carlos Stornelli pidió que se dicte prisión preventiva para las más de 39 personas que fueron detenidas luego del operativo.
Según argumentó, los detenidos pueden ser apuntados por varios delitos, como de intimidación pública, atentado contra la autoridad agravada, daños e incitación a la violencia colectiva. El pedido fue dirigido a la jueza federal María Servini.
El texto presentado por el fiscal detalla que "la gravedad de los hechos, tomando en consideración el estado incipiente de la investigación, la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso –tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí-, sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente con la investigación".
En ese sentido, también solicitó que "se reciba declaración indagatoria a los prevenidos –para los casos pertinentes, en el supuesto de no ser remitidas las actuaciones de oficio, promoviendo la cuestión de competencia por inhibitoria con el Fuero Local-, se disponga cautelarmente la detención de los mismos".
Las causas por las que se los acusa son:
• Instar la violencia colectiva en contra de las instituciones infundiendo temor público.
• Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la cámara alta del Congreso.
• Daños, incendios y estragos dolosos.
• En algunos casos, la tenencia de material explosivo y/o incendiario.
• Alteración del orden público.
La causa tenía otra carátula y se esperaba que los detenidos fueran puestos en libertad luego de tomarles indagatoria. Sin embargo, un dictamen del Fiscal Stornelli con pedido de múltiples imputaciones y de prisión preventiva demoró su liberación. El Ministerio de Seguridad se presentó como querellante en la causa.