La denuncia también incluyó al mismo narcotraficante y a su contador público Gabriel Mizzau, quien habría facilitado el lavado de dinero de Alvarado y mantenía una relación de amistad y profesional con el juez.
La diputada Cattalini, reelegida en su banca en diciembre pasado, solicitó ante el Ministerio Público Fiscal abrir una investigación penal preparatoria contra los tres denunciados en virtud de determinados “hechos que son de público y notorio conocimiento”, tomados de una noticia periodística del portal Aire Digital.
En ese contexto, la denunciante relató que Bailaque se desempeña como magistrado federal en Rosario y que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber denegado tres pedidos de intervenciones telefónicas que detuvieron la investigación contra Alvarado, uno de los líderes narco más influyentes de la ciudad, quien luego sería condenado a prisión por asociación ilícita y por instigar un homicidio, además de ser vinculado al contrabando de grandes cargas de marihuana.
Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, tras evadir a la justicia durante varios años.
Durante su captura, intentó deshacerse de su teléfono celular, que contenía información relacionada con su estructura criminal y sus actividades en curso.
Según la denuncia, la negativa del juez Bailaque a autorizar una serie de intervenciones telefónicas -pedidas por el Ministerio Público- obstaculizó la pesquisa y facilitó que Alvarado continuara operando su red criminal.
