Por supuesto que apelamos que se cumpla con la ley que especifica cómo debe aumentarse una partida y, en ese caso, para nosotros la ley está viciada de incumplimientos de la norma. No sabemos cuál va a ser el camino a seguir, pero no hay nada descartado”, señaló el vocero.
Para luego detallar: "Nosotros no descartamos absolutamente nada y cumplimos siempre con la ley.
La judicialización es una oportunidad como lo fue con el veto anterior. Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia. No estoy diciendo que lo va hacer pero, ante la pregunta, es una posibilidad".
Previamente, Adorni detalló que "el impacto total del proyecto constituiría un total de 1 billón 1.060 pesos o sea 1,5 billones para hacer números redondos que, por supuesto, afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, lo que debería pagarse con emisión monetaria, endeudamiento o subir impuestos.
Por eso, “el lugar para discutir la partida existe y es el Presupuesto 2025, y el ámbito para discutirlo es el Congreso nacional”.
