Ese proceso se inició en enero en todo el territorio provincial con el objetivo de «optimizar los recursos estatales, transparentar los criterios y formalizar los procesos de funcionamiento de estos espacios».
En su momento, la difusión periodística de casos aislados generó polémica e “indignación” en la opinión pública por el uso de recursos públicos para los sectores socialmente vulnerables.
Sin embargo, los resultados de la auditoría, en la provincia, arrojan un porcentaje poco significativo de «casos graves», atento a que la mayoría de los casos relevados como con «irregularidades», obedecen a aspectos administrativos.
De acuerdo al informe que difundió este sábado el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Territorial reportó la judicialización de 15 casos graves en la ciudad de Rosario.
El detalle revela los siguientes datos: 2 instituciones denunciadas por dirección inexistente; 3 por datos falsos; 2 por malversación de fondos; 7 por suplantación de identidad y 1 por venta indebida de mercadería.
Los casos graves reportados representan el 1,7% de los comedores, copas de leche y merenderos auditados en todo el territorio santafesino, sobre un universo de 887 instituciones.
