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El Gobierno elimina 43 normas de control de precios

 



El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, adoptó una medida "clave" para reformar el marco regulatorio vigente en el país. Lo hizo a través de la Resolución 1212/2024 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el ministro de Economía derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria. 

Esta normativa tiene como objetivo "modernizar las políticas públicas vinculadas al comercio interno, reduciendo la burocracia y eliminando obstáculos que han generado ineficiencia y costos innecesarios para productores y consumidores", indica el texto oficial. 

Asimismo, destaca que la resolución, fundamentada en el expediente EX-2024-120081396-APN-DGDMDP#MEC, se alinea con el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, "que establecen las bases para una economía más dinámica y libre". 

En este marco, se identificaron regulaciones relacionadas con controles de precios, abastecimiento y requerimientos administrativos que "no han cumplido con los objetivos para los que fueron creadas, derivando en un gasto excesivo de recursos públicos y aumentando los costos de transacción en las cadenas productivas". Según la normativa, las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. 

También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas. 

Se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.

Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. 

Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por u$s5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.


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