La iniciativa está en condiciones de llevarse al recinto, donde se espera un acalorado debate entre los diferentes espacios. El Gobierno prevé que esta sesión se convoque para el próximo jueves 11 de febrero.
El dictamen del Gobierno fue acompañado por Pro y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal.
Encuentro Federal y los radicales de Democracia presentaron cada uno su propio dictamen de minoría, así como la Izquierda y Unión por la Patria (UP), que impulsó la continuidad de la legislación vigente, donde solo cuenta la ratificación de la Corte Suprema de Justicia para prohibir una candidatura.
La propuesta del peronismo fue presentado por Mónica Lizta, quien detalló que en su texto buscan ampliar el listado de delitos de inhabilitación: abarca a aquellos culposos, además de los dolosos, como el contrabando.
La nueva redacción del proyecto de “ficha limpia” impulsada por la Casa Rosada apunta a bloquear las candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo a una elección.
La norma alcanzaría, entre otros, a Cristina Kirchner, cuyo fallo adverso en la causa Vialidad quedó firme en noviembre pasado.
El texto especifica que si la condena se confirma después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá una vez concluido el proceso.
Además, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar un registro público con los nombres y sentencias de los afectados.
Las restricciones no se limitan a las elecciones: quienes tengan condena firme en segunda instancia tampoco podrán ocupar cargos clave en el Gobierno, desde el jefe de Gabinete hasta directores de empresas estatales.
