El funcionario explicó que la designación del magistrado fue realizada conforme a la Constitución Nacional y que su permanencia en el máximo tribunal está garantizada hasta esa fecha, pese a la ofensiva opositora para anular su nombramiento.
“El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, afirmó Francos, dejando en claro la postura del Gobierno.
